Ambiente Debate nueva Ley (reportaje)

http://veintitres.infonews.com/nota-31576-politica-El-limite-es-la-salud-de-la-comunidad.html

Pasaron por la comisión para dar su opinión unas 40 instituciones de la provincia. Todos estuvieron en contra de esta ley que es declarativa y no avanza sobre los presupuestos mínimos que marca la Ley Nacional de Ambiente. Como en la Ley de Bosques, así no sirve para proteger el ambiente”. Santiago Clavijo, ex dirigente gremial de Luz y Fuerza y legislador opositor por el Frente Cívico, dice lo que está en boca de todos. Acostumbrado a las asambleas de trabajadores del recio sindicato de la EPEC, viene recorriendo desde su cargo en la Unicameral las asambleas de vecinos que expresan la lucha de distintas comunidades a la contaminación ambiental que generan desarrollos productivos e industriales sin la indispensable regulación estatal.

Los últimos años Córdoba se impuso por peso propio de la lucha de distintas comunidades como referente de conflictos ambientales de envergadura, al mismo tiempo que se transformaba en el núcleo del modelo productivo agroindustrial que tiene a la soja transgénica como estandarte, con el paquete de agroquímicos que conlleva el yuyo de las divisas fuertes.

Con nombrar Malvinas Argentinas, barrio Ituzaingó o Río Cuarto, cualquier habitante de la provincia traerá a su mente anuncios grandilocuentes de gobiernos de distinto signo, combinados de protestas y fuertes refriegas de comunidades movilizadas.

Pero ese no es el único problema ambiental que destaca el legislador. La falta de una legislación concreta que regule el nuevo negocio de la planta de producción de bioetanol también supone una fuente de conflictos sociales, tal como registró esta revista a principios de mes, con la Fábrica Porta, en barrio Inaudi, en la zona sur de la ciudad.

–¿Cómo analiza el proyecto de ley de ambiente que adapta la legislación a la ley de presupuestos mínimos de la Nación, aprobada en 2004?

–Ninguna institución dijo que fuera bueno el proyecto del Ejecutivo, y en general no se entiende por qué mandaron el proyecto a discutir. Se planteó una ley de adecuación a la legislación nacional pero algunos puntos en el proyecto cordobés, en lo referido a la consulta popular y los estudios de impacto ambiental que no están claros, mientras que sí están contemplados a nivel nacional. Debe sumarse también el principio precautorio, para que no haya dudas entre los funcionarios judiciales que eso existe, que permite que la introducción de un avance tecnológico pueda pararse ante la duda de su impacto ambiental hasta que se demuestre lo contrario. Tampoco especifica cómo llevar a cabo consultas populares sobre problemáticas ambientales, cosa que en términos generales establece la norma nacional. O sea que es más mínima que la ley que viene del Congreso.

–Las consultas populares están habilitadas por la Constitución provincial.

–Sí, y el gobernador podría haber convocado una si quería resolver el conflicto de Malvinas Argentinas por la vía de la opinión del la comunidad. Sin embargo, es bueno legislar sobre las consultas en cuestiones ambientales especificando qué temas o si se podrán realizar referéndums sobre cualquier problemática ambiental, quién la convoca, cómo se garantiza la participación de la ciudadanía, cómo se garantiza la información a la sociedad. Por ejemplo: si hay un comité por el sí y otro por el no, referido a cualquier tema, sería bueno que la propia ley establezca si habrá espacio gratuito en los medios locales como sucede en las elecciones. Es un tema complejo porque el derecho ambiental incorpora como novedad la acción colectiva que no cierra la demanda a las personas directamente afectadas frente a los daños ambientales. Pero es todo un tema establecer los límites de la participación en consultas de estas características. En el caso de Monsanto, ¿sólo sería para la comunidad de Malvinas Argentinas? ¿O pueden aparecer actores de otros lugares de la provincia que se sientan afectados y pretendan legítimamente participar? Se lo pregunté en la audiencia específicamente al fiscal Marcelo Novillo, que actuó en la causa Ituzaingó, y respondió que, en tanto derecho colectivo, el conflicto ambiental puede generar una consulta que supere el distrito donde se radique una fábrica de estas características.

–Dado que el proyecto le da entidad de aplicación de la norma a la Secretaría de Medio Ambiente, ¿cómo regula la ley el papel de ese organismo?

–Justamente el problema es que deja librado a funcionarios de tercera o cuarta línea la interpretación de una ley que es generalista y poco específica. Los antecedentes sobre la interpretación que hace la Secretaría de Ambiente provincial de la legislación existente no son muy felices.

–El gobierno envió este proyecto de ley aduciendo que es una salida a esos conflictos.

–Se supone que para complementar una norma de presupuestos mínimos el proyecto tendría que contar con precisiones que acá faltan, muchos puntos contradictorios, no especifica cómo debe ser la participación ciudadana y deja todo librado a la autoridad de aplicación. Tal como está redactada, no viene a solucionar los temas que le dieron origen. Para peor sí avanza en ceder las atribuciones del Estado en beneficio de consultorías privadas, estableciendo qué papel juegan estas empresas en los estudios de impacto y en el control posterior, todo lo cual debe estar a cargo de organismos estatales. El Estado no puede ceder sus mecanismos de control y fiscalización. Esto lo dicen, incluso, las cámaras empresarias. Ellos sostienen que Córdoba no tiene problemas de legislación sino que las reglamentaciones son poco claras y que esas zonas grises terminan en el escritorio de un funcionario que les cobra peaje. Lo dijeron tal cual.

–El criterio que se impuso la última década es sobre la necesidad de ingreso de divisas para el país.

–Sí. En esta discusión tenemos en cuenta que toda actividad contamina pero debemos preguntarnos cuál es el límite. Y para nosotros es la salud de la población, que no es sólo lo que le sucede al cuerpo sino el acceso a un ambiente sano, al agua segura. Incluso en estas plantas lo que se produce no es para alimentar a la población. Por eso se pintan los granos con colores flúo para diferenciarlos, se utilizan para el biocombustible y alcohol en base a maíz, como hace la planta de Porta de barrio Inaudi. Allí los vecinos tienen claro que los problemas empezaron en febrero de 2012, cuando la empresa empezó a producir bioetanol, siendo que la plata se instaló en el ’95. Porta pidió habilitación para hacer alcoholes y vinagres pero después se pasó al bioetanol en base a maíz, para lo que tramitaron la ampliación de esa misma planta. En ningún lado dicen que cambiaron de actividad. Esta pelea es muy nueva y muy rica porque los vecinos te la ponen arriba de la mesa. Este fenómeno se reproduce con las plantas del mismo tipo en Río Cuarto (de la firma BIO4º), en Villa María (Asociación de Cooperativas Argentinas, relacionada con la Federación Agraria) y en Alejandro Roca (de Aceitera General Deheza).

–¿Qué controles tienen esas plantas en la actualidad?

–Los estándares que tienen que cumplir estas plantas son internos, la Secretaria de Ambiente o los organismos de los municipios no chequean qué pasa con los vecinos que conviven con estas fábricas, por eso creemos que el costado de la salud debe estar presente en la legislación.

–Córdoba es la provincia más agrícola del país en términos de cantidad de hectáreas y de producción de semillas. Este debate se expresa en una situación local que puede extenderse al resto del país y por lo tanto hay muchos ojos puestos en lo que resuelva la Legislatura ya que va a incidir en el modelo productivo nacional.

–No sólo los ojos del país, también del exterior. La causa Ituzaingó se estudia adentro y afuera para ser incorporada a legislaciones. Este punto estuvo presente con los productores en la comisión de la Legislatura porque somos de una generación que se formó con la idea de la vieja oligarquía, con los dueños de la tierra como dueños también de la Argentina, pero hoy la introducción del capitalismo financiero en el sector agropecuario cambió el núcleo del poder a los pooles de siembra, financiados con inversores nacionales y extranjeros. Esta distinción es importante porque ningún representante de pooles de siembra se acercó a debatir estas cosas.

–¿Cómo debería abordarse el impacto sanitario en las poblaciones de la problemática que trata esta ley?

–Ese costado debe estar presente a través de parámetros de salud a medir. Estamos trabajando con la Red de Médicos de Pueblos Fumigados para contar con esos parámetros porque tampoco está inserto este tema en la legislación nacional. Los vecinos de Inaudi debieron presentar un amparo a la Justicia para pedir que se haga el estudio de impacto sanitario de la planta de Porta sobre la comunidad. Cuando le pidieron a la municipalidad que manden médicos, les enviaron psiquiatras, quizá pensando que la gente está loca. Por eso creemos que a nivel de autoridad de aplicación también debe intervenir el Ministerio de Salud. En definitiva, hace falta una ley que entienda en todos estos planteos que estamos haciendo porque el proyecto que mandó el ejecutivo no tiene nada en cuenta. En la ley provincial 7343, de 1985, hay institutos como la Comisión Técnica interdisciplinaria que este gobierno redujo a tres o cuatro funcionarios puestos por el ejecutivo. Esos funcionarios después terminan haciendo interpretaciones por fuera del espíritu de la legislación y si nadie dice nada o no tiene fuerza para protestar, pasa el proyecto y después se sufren las consecuencias ambientales. Por caso, tenemos una ley de uso del suelo en el área metropolitana de Córdoba, realizado a partir de un estudio de varios años donde se determinó que se podía instalar según un plano que contemplaba las napas freáticas, el curso de los vientos. Por otro lado, en Córdoba tenemos el embudo de la fiscalía anticorrupción que desde su creación en el año 2000 nunca imputó a nadie. Entonces te encontrás con funcionarios que interpretan la ley como quieren y después no rinden cuentas. Es el caso del anterior secretario de Medio Ambiente Federico Bocco, que habilitó la construcción de la planta de Malvinas, ahora la Justicia la paró pero a ese funcionario no pagó por su falta de responsabilidad, se fue a su casa porque lo echaron pero nada más.

---

Opiniones

• Federico Kopta, del Foro Ambiental: “¿Cuál es el avance normativo si no se avanza en institucionalizar el procedimiento de consulta o audiencia pública?”.

• Universidad Nacional de Río Cuarto: “En el análisis general (del proyecto de ley) se observa el escaso carácter imperativo en la letra de algunos de los artículos, utilizando, en cambio, términos relativos o generalizaciones, que torna la norma poco eficaz y de una compleja hermenéutica”.

• Bolsa de Comercio: “No creemos que un tema tan importante y trascendental como es la participación ciudadana (…) quede librado a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo y/o del ministerio como autoridad de aplicación”.

• Universidad Católica de Córdoba: “El proyecto no complementa ni completa de manera alguna las premisas o presupuestos mínimos ambientales establecidos en la Ley General de Ambiente, siendo que el proyecto ambiental debería alinearse y responder a los mandatos de la legislación nacional plenamente vigente”.

• Universidad Nacional de Villa María: “Atendiendo al contexto de conflictividad social que vive la provincia, la ‘idea de convivencia ambiental provincial’ que inspira a la norma la sitúa como esfuerzo legislativo coyuntural y de emergencia (…) que pierde la oportunidad de sentar las bases de una política ambiental de Estado articulada al desarrollo socioproductivo sustentable de Córdoba”.

• Rubén Sbarato, licenciatura en Enseñanza de Ciencias del Ambiente UTN: “El proyecto no avanza sustancialmente sobre aspectos ya regulados por la ley 7.343 y la ley nacional 25.675. Consideramos que en realidad hubiera sido de gran utilidad una ley que ordene cuestiones contradictorias o ambiguas ante la vigencia simultánea de las mencionadas leyes”.

• Raúl Montenegro, Funam: “(la ley) contiene varios artículos inconstitucionales, con exigencias menores o contrapuestas a las contenidas en la Ley Nacional de Ambiente”.

• Mesa de Enlace: “Poco agrega a la legislación nacional vigente sin lograr la complementación anunciada. Genera conflictos con la normativa provincial que prevé la mayoría de los instrumentos de política ambiental y podría actualizarse”.

• Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Derecho Ambiental y de la Energía: “La norma no garantiza la participación ciudadana toda vez que relega a la reglamentación futura que deberá realizar la autoridad de aplicación, en la que fijará los ‘criterios’ (sic) para institucionalizar las ‘audiencias públicas’ y mecanismos de consulta sin aclarar específicamente si este mecanismo es o no la ‘consulta popular’”.